¿Es viable la reforma de las pensiones de jubilación?

Los expertos plantean algunas dudas sobre la viabilidad de las pensiones de jubilación después de que las recomendaciones del Pacto de Toledo se hayan aprobado en el Congreso. La preocupación se centra, cómo no, en el aspecto económico y en ese objetivo de reducir el gasto de la Seguridad Social que no parece muy realista con las medidas acordadas para las nuevas pensiones.

Dudas sobre la reforma de las pensiones de jubilación

En el punto de mira de la reforma de las pensiones acordada en el Pacto de Toledo está la vinculación de la subida anual con el IPC. Esta medida, que lleva tiempo exigiéndose para unas pensiones más justas y para que los jubilados no vean reducida drásticamente su calidad de vida, no tiene muy contentos a los expertos financieros.

Aseguran que si el objetivo es reducir el déficit de la Seguridad Social, con estas subidas anuales el efecto será el contrario. El año que viene esta subida se situaría en un 0,9 % y supondría un gasto extra para la Seguridad Social de 1.400 millones de euros. Las cuentas, efectivamente, no cuadran y algunos apuntan a blindar las pensiones mínimas adecuando su subida anual al IPC, pero no las demás pensiones que se podrían actualizar parcialmente.

Las recomendaciones del Pacto de Toledo no especifican cómo se van a legislar cada una de las medidas acordadas y todavía nos movemos en el terreno de la intención. La intención es también reducir el gasto de la Seguridad Social y desde este Pacto de Toledo apuestan por endurecer las condiciones de las jubilaciones anticipadas para lograrlo. De hecho, un 40 % de los trabajadores se acoge a la jubilación anticipada y eso implica dejar de recaudar anualmente la cantidad de 8.200 millones de euros.

Y hablando de recaudación llegamos siempre al mismo punto: los autónomos. En el Pacto de Toledo se propone que todos los regímenes especiales converjan en el mismo régimen general pero se pretende mantener los privilegios en cuanto a jubilación de las clases pasivas. Para mantener unos privilegios hay que reducir los de otros y todos saben a quién les va a tocar pagar los 2.000 millones de euros más que se espera recaudar a través del Reta.