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Reforma de las pensiones: las necesidades de los jubilados que no recoge el Pacto de Toledo

Reforma de las pensiones: las necesidades de los jubilados que no recoge el Pacto de Toledo

El Pacto de Toledo llega a un acuerdo sobre la reforma de las pensiones, pero hay algunas reivindicaciones de los jubilados que no tiene en cuenta.

Siguiendo las noticias sobre el acuerdo llegado en el Pacto de Toledo, ya hemos comentado algunas de las novedades en la reforma de las pensiones. Aspectos como vincular la subida de la pensión al IPC y poder elegir los mejores años de cotización como base tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de los jubilados. Y sin embargo, hay algunas reclamaciones de los pensionistas que no han tenido en cuenta.

Qué reivindican los pensionistas

Una de las prioridades de los pensionistas y que no se recoge en el Pacto de Toledo es la derogación de la reforma del 2013 que congeló las pensiones y que desde entonces ha reducido el poder adquisitivo de los jubilados. Y hablando de poder adquisitivo, los colectivos de jubilados reclaman una pensión mínima de 1.080 euros. Si nos fijamos en el acuerdo al que han llegado los grupos políticos, no se han tenido en cuenta estas peticiones.

Tampoco se ha recogido la propuesta de los pensionistas de no penalizar la jubilación anticipada, sino todo lo contrario, ya que uno de los objetivos para reducir el déficit de la Seguridad Social es acercar todo lo posible la edad real de jubilación a la edad legal. Con el déficit seguimos en este desacuerdo entre pensionistas y Pacto de Toledo para hablar de los llamados gastos impropios.

Desde hace muchos años, la Seguridad Social se lleva haciendo cargo de gastos que en realidad corresponderían al Estado. Según el Pacto de Toledo, estos gastos impropios desparecerán de las obligaciones de la Seguridad Social para sanear sus cuentas pero los pensionistas reclaman que todo ese dinero (100.000 millones de euros) se reintegre a la Seguridad Social.

Finalmente, hay dos puntos importantes que tampoco ha tenido en cuenta el Pacto de Toledo. Por un lado, los pensionistas piden una auditoría pública para conocer la situación financiera real de la Seguridad Social. Y por otro lado, la propuesta más importante y garantista, que es blindar las pensiones públicas en la Constitución.

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