¿Cuál es el presente y futuro de la Ley de Dependencia en España?

La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (conocida como "ley de dependencia"), entró en vigor el 1 de enero de 2007 con el objetivo de asistir desde los poderes públicos a los ciudadanos que precisan ayuda en el desempeño de sus actividades diarias. Ya desde su nacimiento, la previsión era que la de la ley de dependencia llegara a su plena implantación en el año 2015. 

Con motivo de la llegada de ese momento, a punto de finalizar el año 2015, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) celebró el pasado 4 de noviembre la Jornada "Presente y futuro de la Ley de Dependencia", con el fin de realizar balance y generar debate sobre la implantación de esta Ley que garantiza el acceso a servicios sociales y prestaciones económicas en el caso de pérdida de autonomía personal. Para realizar dicho balance, se dieron cita en la Sede Central del Imserso de Madrid César Antón Belgtrán, director general del Imserso; Eduardo Vinuesa Mayoral, socio director de Archer Partners; María Dolores de Prada Moraga, profesora titular de economía aplicada de la Universidad de Valladolid; Juan Sitges Breiter, director de la Fundación Caser para la Dependencia; Isabel Herranz Donoso, subdirectora general de planificación, ordenación y evaluación del Imserso. 

César Antón Beltrán, director general del Imserso, comenzó la jornada "Presente y Futuro de la Ley de Dependencia" haciendo especial hincapié en que toda la información que allí iba a presentarse procedía de documentación pública y datos que son conocidos. "No es un proceso fácil el de la asignación de la ley de dependencia, porque hay que valorar a las personas,  su situación social, su entorno familiar... El solicitante tiene que superar un proceso de valoración hecho por profesionales cualificados en la aplicación de este baremo (baremo igual para todo el conjunto de los ciudadanos)." Cabe destacar que dicho baremo de valoración de la situación de dependencia comenzó en el año 2007 con la implantación de la ley de dependencia, más adelante en 2010 sufrió una modificación promovida por un acuerdo entre las Comunidades Autónomas, y comenzó a aplicarse en 2012. Actualmente, en 2015 el Consejo Territorial  ha creado un grupo de trabajo para evaluar la implantación de ese baremo a lo largo de estos años y ver cómo se ha comportado y si fuera necesario plantear posibles mejoras. 

A la hora de analizar los datos, debemos tener en cuenta que la implantación completa de todos los grados de dependencia (Grado 1, Grado 2 y Grado 3) no se ha culminado hasta julio del año 2015 con la implantación Grado 1 (el que llevaba más tiempo esperándose). Si comparamos las cifras reales a fecha de diciembre de 2014, observamos que son muy próximas a las previsiones de la memoria económica de la Ley  para 2015 que se plantearon en sus inicios, pese a que cuando se realizó este análisis aún quedaba un año para culminar la implantación de la ley de dependencia. A fecha de diciembre de 2014, ya se podía hablar de un 83 % de cobertura de la ley de dependencia para los grados que eran efectivos en ese momento. "¿Es un grado de cobertura plenamente satisfactorio? No, porque obviamente siempre que hay personas pendientes de recibir prestación , no se puede decir que sea plenamente satisfactorio. (...) Sin embargo, ha habido en todo momento un aumento de la cobertura y ha habido incorporación de beneficiarios", afirmó César Antón durante la Jornada.

Además, ante estos datos presentados, César Antón, Director General del Imserso, afirmó con rotundidad que "la ley no ha sufrido un parón", dado que de forma acumulada desde 2007 hasta diciembre de 2014, 1.316.557 personas se han visto beneficiadas en algún momento por el  derecho a ser atendidas por el sistema de dependencia. 

¿Cuál es el coste de la Ley de dependencia? 

La memoria económica de la ley de dependencia recogía en 2007 una estimación sobre cuáles serían los costes de implantación de la misma llegado el año 2015, momento de plena implantación de la Ley. Según estas estimaciones se valora en más de 7.000 millones de euros lo que costaría la implantación plena del sistema de dependencia a lo largo de todo el periodo. Por su parte, los datos reales manejados por el Imserso cifran el coste de la Ley alrededor de esos 7.000 millones de euros, siendo el coste mayoritario el destinado a la asistencia residencial de los beneficiarios. 

"Esta información requiere matices porque no es fácil de obtener, ya que el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SISAC) que da datos muy precisos sobre los beneficiarios de la ley de dependencia, no estaba preparada para aportar información sobre los costes del sistema de dependencia.", ha afirmado César Antón durante esta Jornada. Sin embargo, el nuevo SISAC que ya está implantado en todas las Comunidades Autónomas, recogerá más información tanto desde el punto de vista de los beneficiarios y sus posibles aportaciones al sistema (este dato, por ejemplo, no se recogía hasta el momento), como desde el punto de vista de los costes de la implantación de la Ley. 

De la mano de Eduardo Vinuesa Mayoral, socio director de Archer Partners, durante la Jornada 'Presente y Futuro de la Ley de Dependencia' se llevó acabo una detallada explicación de cuál es el funcionamiento mediante el cual el SISAC obtiene las estimaciones del sistema de costes que estamos analizando. En primer lugar, debemos diferenciar que cuando hablamos de beneficiarios de la ley de dependencia, podemos referirnos a quienes reciben prestaciones de servicios (prevención, teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día y de noche, y finalmente, la atención residencial) o aquellos que reciben prestaciones económicas (para el cuidador familiar, para adquirir un servicio o para cuidados en el entorno familiar). Como puede verse a priori, la parte de las prestaciones económicas es más fácil de cuantificar, mientras que las prestaciones de servicios deben calcularse en base a tres indicadores de coste del servicio: la categoría del servicio, el grado y nivel de dependencia del beneficiario y su nivel de renta. 

En función de los grados de dependencia, se establecen un número de horas destinadas a la atención de un servicio, y en base a esto un coste de euros/hora. De esta forma el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) define el coste global de un determinado servicio. Se establece así que el coste de servicio en el caso de la teleasistencia es, según datos de 2013, de 21 euros al mes; para la ayuda a domicilio serían 15,35 euros al mes; para los centros de día y de noche pasa por los 932 euros mensuales; y si hablamos del coste en centros residenciales, el gasto mensual se estima en los 951 euros. En los datos de 2014 el sistema ha incorporado además el incremento del coste salarial del personal, por lo tanto, todos los costes se han visto incrementados en cierta medida. 

En cuanto a las prestaciones económicas, las estimaciones del sistema de información recogen, según datos del año 2013, que se destinaron 524,70 euros para las prestaciones económicas de servicio; 328 euros para la figura del cuidador familiar; y 470 euros para el cuidador personal. Además, de los datos presentados se extrae que las prestaciones económicas para el entorno familiar han bajado un 8 % del año 2013 al 2014. En la actualidad, estas prestaciones económicas representan el 37 % del presupuesto. 

El sistema de información analiza y multiplica estos indicadores con el fin de realizar una estimación lo más transparente posible de los costes de la ley de dependencia siguiendo una exhaustiva metodología. 

¿Cómo se regula la financiación de la Ley de Dependencia? 

Durante la Jornada 'Presente y Futuro de la Ley de Dependencia', fue Isabel Herranz Donoso, subdirectora general de planificación, ordenación y evaluación del Imserso, la persona encargada de explicar de forma exhaustiva cuál es el funcionamiento actual de la financiación de la ley de dependencia. De esta forma, Isabel Herranz explicó que la Ley 39/2006 recoge la existencia de tres vías de financiación: la Administración General del Estado, que aporta las cantidades económicas a través de los Presupuestos Generales del Estado; la aportación de las Comunidades Autónomas, quienes son corresponsables al menos con la misma cantidad aportada en los Presupuestos; y las aportaciones de los propios beneficiarios, quienes contribuyen en función de su renta o patrimonio.

Para coordinar todas las vías, la Administración General crea el Consejo Territorial, a través del cual se definen los criterios de financiación y cómo debe coordinarse el sistema por parte de las tres vías posibles. De esta manera, la Administración General del Estado aporta determinadas cantidades mensuales a cada Comunidad Autónoma basándose en dos criterios: en función del nivel mínimo para garantizar el funcionamiento del sistema de dependencia, y en función del nivel acordado para ayudar a impulsar el desarrollo de la ley hasta su plena implementación en el año 2015. Para definir las cantidades, además la Administración General del Estado tendrá en cuenta los diferentes grados de dependencia de los beneficiarios y el propio número de beneficiarios existentes en la Comunidad. 

En el año 2009 se produjo una nueva negociación con las Comunidades Autónomas por parte del Estado, ya que éstas precisaban de una mayor financiación para ser capaces de garantizar la atención a los beneficiarios. El resultado de esta negociación se recoge en la Ley 22/2009 donde se indica que el Gobierno, a través de los Presupuestos Generales del Estado, puede dar recursos adicionales a las Comunidades Autónomas. Se establece así un nuevo criterio de reparto, incluyéndose un porcentaje extra al gasto de financiación adicional a las ayudas de dependencia en base a la población potencialmente dependiente y el número real de personas dependientes. 

Posteriormente se estableció la Orden 2371/2013 del 17 diciembre por la que se regula el sistema de información del SAAD. Se exige así a las Comunidades Autónomas que incorporen los siguientes datos para que se calcule el nivel mínimo correspondiente: tipo de prestación o servicio; capacidad económica (renta y patrimonio) del beneficiario y su aportación; elaboración de certificados mensuales de gestión que la Comunidad Autónoma debe remitir al Imserso; y, por último, un certificado anual de lo que la Comunidad Autónoma aporta al sistema. 

En lo referente a las aportaciones por parte de los beneficiarios, el Consejo Territorial establece una serie de premisas básicas:

• Nadie quedará fuera del sistema por no disponer de recursos económicos Para ello se toma como referencia el IPREM, de modo que en caso de que el beneficiario no ingrese una cantidad mayor a la reflejada por este indicador (532 euros en la actualidad) no deberá aportar nada al sistema.
• Progresividad en las aportaciones al sistema, de forma que quién más recursos posee pagará más al sistema, aunque nunca superará el 90 % del coste del servicio.
• Las aportaciones al sistema estarán determinadas por el capital económico del beneficiario (renta y patrimonio), por su grado de dependencia y por los servicios o prestaciones que recibe. 

Según los datos presentados, podemos hablar de un total de 735.842 beneficiarios, de los cuales el 39,83 % se encuentran por debajo del IPREM y no aportan nada al sistema. del IPREM y no aportan nada al sistema. de un total de 735.842 beneficiarios, de los cuales el 39,83 % se encuentran por debajo 

El empleo asociado a la dependencia 

La memoria económica de la ley de dependencia establecía que la prioridad de atención de la Ley a las situaciones de dependencia era el catálogo de servicios: la ayuda a domicilio, los centros de día, de noche, la atención residencial, y la prestación otorgada para adquirir servicios. Todos estos servicios profesionales generan empleo profesional, cualificado y vocacional. 

Hasta el año 2012 se produce un aumento continuado de las prestaciones de servicio con la figura del asistente personal como la más representativa. Es por ello que durante este periodo las cifras de creación de empleo en este sector despuntan. A partir del año 2012, el crecimiento es menos pronunciado, pero de cualquier forma continúa creciendo.

Texto: Patricia L. González - Redactora Plusesmas.com