El Plan de Inserción Socio-Laboral consigue en dos años la realización de más de 27.500 contrataciones y el desarrollo de 31.000 acciones formativas en las que han participado cerca de 200.000 personas vulnerables

El Plan de Inserción Socio-Laboral 2016-2020 supone uno de los más claros ejemplos del compromiso de la Junta de Castilla y León con las personas más vulnerables. Un Plan que, con la implicación y participación del Dialogo Social, de las entidades del Tercer Sector y de las corporaciones locales, fomenta la empleabilidad y el acceso al mercado laboral de las personas más vulnerables, buscando su salida de la protección social a través del empleo, herramienta fundamental para la inserción.

Este Plan, que fue planteado para el periodo 2016-2020, acaba de cumplir ahora sus dos primeros años. La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, ha presentado la evaluación, seguimiento y grado de ejecución de este Plan en estos dos primeros años de funcionamiento, que supone la evaluación intermedia del Plan, a través del análisis que arrojan los datos de los cuatro ejes de actuación que lo definen y desarrollan 129 acciones. El primer eje se enfoca en conseguir la mejora de la empleabilidad de las personas más vulnerables a través de la formación y el segundo se centra en el acceso al empleo y mantenimiento del mismo. Los otros dos ejes tienen un carácter instrumental y se dirigen a mejorar la intervención de los profesionales sobre estas personas y a lograr un cambio social en la percepción de la inclusión social.

El Plan se centra en actuaciones personalizadas de carácter integral dirigidas a las personas más vulnerables, a personas con discapacidad y a personas en exclusión o en riesgo de estarlo. La Red de Protección y la Estrategia Integrada de Empleo son los pilares en los que se fundamenta el Plan, siendo a su vez herramientas esenciales para impulsar y desarrollar las actuaciones que contiene. Este Plan contempla una inversión global en cuatro años de 369,4 millones de euros.

Principales conclusiones de la evaluación del Plan de Inserción

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha destacado varios aspectos relevantes de entre los datos generales de esta evaluación intermedia del Plan:

En primer lugar, que el Plan está superando las previsiones iniciales, ya que ha hecho posible que 196.910 personas en situación de riesgo o de exclusión hayan participación en sus diferentes acciones.

Junto a esto, y en segundo lugar, ha destacado que el Plan ha destinado en sus dos primeros años, por un lado, el 58 % de sus recursos a crear o mantener el empleo de las personas más vulnerables, lo que ha permitido la realización de 27.509 contrataciones incentivadas por la Administración (de las que 15.692 corresponden a 2017, un 33 % más que en 2016) ; y, por otro lado, el 42 % restante lo ha destinado a mejorar la capacitación y formación de estas personas para acceder a un empleo, a través de las 31.207 acciones formativas desarrolladas en las que han participado 169.401 personas.

En tercer lugar, y como consecuencia de la demanda y la aceptación de las acciones del Plan, ha sido necesario incrementar la financiación prevista para estos dos primeros años un 11,78 %, hasta los 167,93 millones de euros. Esto supone 17,69 millones de euros más de lo presupuestado inicialmente para este periodo, que eran 150,24 millones, algo que se percibe como una inversión en gasto social con un importante retorno social.

Evaluación del Plan por ejes de actuación

1.- Formación y capacitación para mejorar la empleabilidad

El primero de los cuatro ejes del Plan de Inserción Socio-Laboral 2016-2020 recoge 46 acciones con un gasto de 70,98 millones de euros en estos dos años, el 42 % de todo el presupuesto del Plan, que han llegado a cerca de 170.000 personas. Está orientado a dotar a las personas más vulnerables de las condiciones necesarias para acceder a un empleo, facilitar su entrada en el mercado laboral, mejorar su empleabilidad y favorecer su inclusión activa. Con el fin de evitar la discriminación en el acceso y permanencia en el puesto de trabajo, este primer eje está desarrollando acciones de información, orientación y asesoramiento; desarrollo de competencias personales, motivación y habilidades sociales; acciones formativas; y acciones formativas con empleo y apoyos complementarios.

La evaluación intermedia en los dos primeros años del Plan indica que se han desarrollado en este eje más de 31.000 acciones formativas de estas características. Alicia García ha señalado que, respecto a los principales beneficiarios de este eje, los datos indican que hay 9.352 perceptores de Renta Garantizada de Ciudadanía, 1.588 mujeres víctimas de violencia de género o en situación de vulnerabilidad, 9.471 personas con discapacidad y 3.031 jóvenes, con un 20 % de beneficiarios inmigrantes.

En este eje se han encontrado, por un lado, las acciones enfocadas a mejorar la empleabilidad de las personas más vulnerables, a través de los itinerarios personalizados de inserción socio-laboral con las entidades del Tercer Sector, a lo que se suma el programa de OFI de orientación, formación e inserción profesional, que junto suman 13.623 personas participantes.

Por otro lado, se han encontrado las acciones dirigidas a favorecer la inclusión activa de las personas con especial vulnerabilidad, apartado en el que se han desarrollado actuaciones en las que han participado 155.778 personas en dos años.

• De ellas, 40.559 personas recibieron asesoramiento, información y orientación laboral, a través de los CEAS, entidades del tercer sector y oficinas de empleo, para facilitar su acceso al mercado laboral;

• 105.151 personas han participado en programas de formación en competencias personales, motivación y habilidades sociales;

• 4.670 personas con escasa cualificación han participado en acciones formativas en competencias profesionales dirigidas a personas en riesgo de exclusión, con discapacidad, o baja cualificación;

• 2.723 personas han participado en acciones formativas que incluyen prácticas en las empresas dirigidas a desempleados inscritos en el SEPE de Castilla y León, a jóvenes provenientes del sistema de reforma, jóvenes en exclusión y personas con discapacidad (mientras en 2016 se formó a 926 personas, en 2017 se formó a 1.797, un 94 % más que el año anterior), y 2.675 personas se han beneficiado de apoyos a estos itinerarios y acciones formativas (mientras en 2016 se benefició a 931 personas en 2017 fueron 1.744 las personas beneficiarias, un 87 % más). Entre estos últimos apoyos destacan los apoyos residenciales a mujeres y menores; los apoyos para personas con discapacidad y/o dependientes a través de la figura del gestor de contexto, o el apoyo de acompañamiento y tutorización a jóvenes, permitiendo su inserción en la empresa ordinaria.

2.- Acceso al empleo y mantenimiento en el mercado laboral

El segundo de los ejes contempla 42 acciones con dos tipos de medidas: las que facilitan empleo a través de entidades sin ánimo de lucro o empresas privadas mediante subvenciones o contratación pública y las que impulsan la contratación en el sector público.

Las acciones de este eje han supuesto un gasto de 96,69 millones de euros, lo que implica casi el 58 % del total en estos dos años. El segundo eje se centra en facilitar el acceso a un empleo y su mantenimiento a través de los incentivos ofrecidos por la Administración. Entre los beneficiarios de las medidas de este eje destacan 16.735 personas con discapacidad; 5.383 perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía (de los que 3.123 son de 2017, un 38 % más que en 2016), y el porcentaje de contratos a mujeres ha aumentado, en 2016 era del 37 % y en 2017 ha alcanzado el 44 %.

La consejera se ha explicado que a través de las acciones de este eje se han posibilitado 27.509 contrataciones (de ellas 15.692 en 2017, un 33 % más que en 2016). En concreto las actuaciones en este eje han posibilitado:

• 3.014 contrataciones a través de itinerarios personalizados de inserción socio-laboral y otras acciones formativas;

• se han propiciado 2.928 contrataciones en la empresa privada, (duplicándose en un año las contrataciones);

• 472 jóvenes beneficiarios de Renta Garantizada de Ciudadanía han sido contratados, (pasando de los 90 contratados en 2016 a los 382 de 2017, cuatro veces más);

• creación de empleo local a través de la colaboración entre la Administración Autonómica y las corporaciones locales, con 4.576 contratos.

• Junto a esto, la consejera ha destacado que también son muy importantes las medidas relacionadas con la creación y el mantenimiento empleo protegido en centros especiales de empleo y empresas de inserción, ya que han permitido que 15.366 personas cuenten con un empleo, lo que supone más del 56 % del total de las contrataciones de este eje;

• que se hayan creado 283 empresas gracias a las ayudas económicas para el desarrollo de actividades económicas por cuenta propia;

• que a través de la reserva de contratación se hayan formalizado 797 contratos a centros especiales de empleo y 28 a empresas de inserción;

• que se hayan incorporado clausulas sociales en el 75 % de la contratos adjudicados por la Junta;

• que se haya reservado plaza en la oferta de empleo público de la Junta de Castilla y León en estos dos años para 870 personas con discapacidad en 2017, con 642 personas con discapacidad, tres veces más que en 2016 que fueron 228.

3 y 4.- Intervención de los profesionales y cambio social

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades se ha referido también a los ejes tercero (con 25 acciones) y cuarto (con 16 acciones). Ambos tienen un carácter instrumental y están contribuyendo tanto a mejorar la intervención de los profesionales como a lograr un cambio social en la percepción de su inclusión social y laboral como una inversión con importante retorno social.

En este sentido, entre las principales medidas desarrolladas se encuentran el desarrollo de un sistema de intercambio de información entre profesionales a través de diferentes herramientas.

Entre ellas, las herramientas informáticas destinadas a compartir información entre profesionales de entidades públicas y del tercer sector respecto de las personas en situación de riesgo sobre las que se interviene; las destinadas a la intervención proactiva que ayudará a predecir los riesgos de las personas en situación de exclusión y a establecer programas de intervención específicos en función del nivel de riesgo de estas personas, a la que se suma una herramienta común para evaluar de manera integral el conjunto de necesidades de las personas en situación de riesgo o exclusión, en áreas como la salud, vivienda, empleo, economía o relaciones, que está indicada para la gestión de casos complejos en los que procede una intervención de cierta intensidad.