La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León amplía los ingresos en centros residenciales a cualquier usuario que precise atención tras certificar su alto grado de inmunización frente al virus

El texto propuesto por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades constituye la primera norma con rango de ley en Castilla y León que ordena el Tercer Sector Social y establece un marco jurídico común de referencia para el conjunto de entidades que lo integran. En él se las reconoce como un activo esencial en la sociedad, tanto por su aportación al sistema de Servicios Sociales de responsabilidad pública -participando en su construcción, innovación, consolidación y continua mejora-, como por su labor de concienciación sobre la inclusión y la igualdad.

El proyecto legislativo dota al sector de cobertura jurídica (define sus características, principios y obligaciones); articula espacios de interlocución con organismos públicos y otros agentes del ámbito de la intervención social, y establece fórmulas de participación concertada con la Administración, lo que garantiza la sostenibilidad y estabilidad de las entidades. Junto a esto, incluye al voluntariado como parte integrante de este Tercer Sector, en el que desarrolla su actividad.

El documento se estructura en cinco capítulos -uno preliminar y otros cuatro que suman 20 artículos-, una disposición adicional, una transitoria, otra derogatoria y seis finales. En el capítulo preliminar, se delimita qué son las entidades del Tercer Sector, definidas como fundaciones, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, que surjan de la iniciativa ciudadana o social y respondan a criterios de solidaridad y de participación social. Sus fines han de ser de interés general.

A partir de estos parámetros, se establece la creación de un censo de organizaciones del Tercer Sector y se recogen los principios que informan y deben cumplir, tanto en lo relativo a la participación social, como a la transparencia, la igualdad, la colaboración y el trabajo en red, entre sí y con las administraciones.

Trabajo coordinado y en red

El capítulo primero regula los ámbitos de intervención de estas entidades, partiendo de la premisa de que su finalidad es promover la inclusión social y fomentar el reconocimiento y el ejercicio de los derechos de las personas que sufren condiciones de vulnerabilidad, se encuentran o están en riesgo de exclusión social, o afrontan situaciones de desigualdad, desprotección, discapacidad o dependencia. De este modo, se detallan sus actividades y los criterios que deben aplicar en su ejecución, haciendo hincapié en el trabajo coordinado en el marco de la Red de Protección a las Familias, de los sistemas públicos de Servicios Sociales y de los Centros de Acción Social.

Concertación social

Uno de los aspectos más importantes de la futura ley del Tercer Sector es el que hace referencia a la concertación, que se desarrollará en un decreto posterior. Esta fórmula jurídica permite a las administraciones públicas contratar la gestión de servicios de forma flexible y estable en el tiempo, a la vez que aporta certidumbre y apoyo económico a las entidades que asumen esta función.

El capítulo segundo establece un nuevo modelo de participación activa del Tercer Sector Social, al que confiere la capacidad de intervenir en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas sociales públicas. La norma regula los instrumentos de diálogo y colaboración con los agentes públicos y privados, y determina en qué órganos colegiados tendrán cabida estas entidades, designando la Sección de colaboración con el Tercer Sector del Consejo de Servicios Sociales de Castilla y León como vía específica de diálogo y cooperación permanente.

Vías de colaboración en proyectos de innovación

Para la confección de este proyecto de ley, la Junta ha sido sensible a las demandas de estas entidades y ha querido reconocer su implicación en la modernización de los Servicios Sociales. De ahí que el Gobierno autonómico asuma en este texto el compromiso de generar cauces para la participación y fórmulas de colaboración de las organizaciones del Tercer Sector Social en el desarrollo de proyectos de innovación y experimentación y en la creación de formas innovadoras en la gestión de iniciativas compartidas, especialmente en proyectos europeos que se ejecutan en el marco de la cooperación internacional.

La promoción del Tercer Sector es objeto del tercer capítulo, donde se prevé la elaboración de un Plan Estratégico de Impulso y Promoción de las entidades que lo conforman, con una vigencia de cuatro años. Junto a esto, se recogen otras actividades de apoyo a su actividad económica, entre las que se incluyen fórmulas como el mecenazgo y el patrocinio.

El capítulo cuarto regula las obligaciones de estas organizaciones, donde destacan dos aspectos. Por un lado, mandata el respeto a unas condiciones dignas de trabajo y salario de los trabajadores y voluntarios, velando por los principios de igualdad, no discriminación y conciliación de la vida laboral y familiar. Por otro, impone normas sobre transparencia y gestión.

Adaptación de la Ley del Voluntariado a las modalidades del siglo XXI

El proyecto de ley aprobado hoy por el Consejo de Gobierno modifica en sus disposiciones finales la Ley del Voluntariado de Castilla y León, vigente desde 2006, para adecuarla a la realidad social actual y a las tendencias de futuro. Se redefine, por lo tanto, esta figura para dar cabida al emergente voluntariado de empresa e institucional y, de forma excepcional, al desarrollado por las propias administraciones.

Esta adaptación nace del compromiso de la Junta con el fomento de esta actividad como potente herramienta de acción social, de ayuda y solidaridad, pero también como mecanismo de participación y de enriquecimiento del tejido social, que hace a cualquier sociedad más madura, más humanizada e incluso más democrática. No en vano, Castilla y León cuenta con 200.000 voluntarios y tiene registradas 414 entidades de voluntariado, de las que más de la mitad se inscriben en el ámbito de la acción social y los Servicios Sociales, seguido de las entidades de fomento del voluntariado -con más de 10 %- y de ocio y tiempo libre -con un 8,2 %-.

Por este motivo, el borrador legislativo del Tercer Sector Social pretende favorecer el ejercicio de un voluntariado abierto a toda la sociedad, que haga partícipes a personas de todas las edades, donde prime la calidad de sus acciones. Recoge las modalidades del voluntariado moderno, conocido como tecnológico o digital, que se presta a distancia aprovechando las posibilidades que brindan las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

La norma vela por la protección del voluntario y por mejorar su situación. A este respecto, favorece el reconocimiento de las competencias adquiridas mediante las herramientas ya reguladas de acreditación de experiencia laboral o por vías no formales de formación.

También vigila que la actividad sea segura, tanto para los destinatarios, como para sus promotores. A modo de ejemplo, si la acción del voluntario tiene lugar con niños, es requisito imprescindible certificar la inexistencia de antecedentes penales por delitos relacionados con menores.

Apoyo de la Junta al Tercer Sector Social y al voluntariado

El proyecto normativo aprobado esta mañana eleva a rango de ley lo que ya venía siendo práctica habitual en determinados ámbitos: la participación activa del Tercer Sector en el diseño de las políticas sociales públicas, en tanto constituye uno de los factores de éxito de los resultados de los Servicios Sociales, y el apoyo económico que presta la Junta a las 3.300 entidades que lo integran.

De hecho, el Gobierno autonómico destina casi 157,2 millones de euros al Tercer Sector, de los que el 61,3 % (96,3 millones en cifras absolutas) proceden de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. De igual forma, el Ejecutivo de la Comunidad dedica 4,6 millones de euros al voluntariado, de los que el departamento de Isabel Blanco aporta casi la cuarta parte (1,1 millones).