La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha reforzado sus políticas sociales con medio centenar de medidas durante el coronavirus

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades en su comparecencia ante las Cortes de Castilla y León, a petición propia, con motivo de la crisis del COVID-19  ha puesto de manifiesto que en 832 centros de personas mayores, de discapacidad y viviendas tuteladas, de los 1.214 monitorizados y con seguimiento diario, no se ha producido ningún caso por COVID-19, lo que supone que el 73% de los centros, públicos o privados, grandes o pequeños, han estado "limpios" durante esta pandemia y no han tenido ningún fallecimiento por COVID. De la misma manera, Blanco tuvo un recuerdo para las personas fallecidas y sus familias y destacó que en estos momentos, 692 residentes permanecen ingresados en hospitales y que 1.006 residentes han superado la infección.

La adecuada atención de las personas mayores en Castilla y León ha sido y seguirá siendo una de las prioridades para la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y por este motivo, desde el inicio de la pandemia originada por el coronavirus, se ha realizado un seguimiento diario de 1.214 centros residenciales de personas mayores (públicos y privados), de discapacidad y viviendas tuteladas de la Comunidad. De este seguimiento se confirma que a 28 de abril, 832 centros están totalmente limpios, lo que supone el 73% del total; 98 con niveles muy bajos de afectación (menos del 10%); 67 con 10-30% de usuarios confirmados o con síntomas; 102 con 30-60%; y 41 con más del 60%.

Asimismo, se han proporcionado Equipos de Protección Individual (EPIs) a todas las residencias que los han necesitado, a medida que se ha ido disponiendo de los mismos; se han distribuido más de dos millones y medio de mascarillas y se han facilitado todos los medios posibles para que los centros puedan contratar personal, por diferentes vías. Además, se han realizado limpiezas y desinfecciones de los centros por parte de la UME, bomberos, protección civil o empresas especializadas.

La Consejera indicó también que se ha puesto en marcha el procedimiento para la atención socio-sanitaria en residencias de personas mayores y de personas con discapacidad a través de la creación de los equipos COVID residencias. Además, desde el día 10 de abril se está procediendo a la realización de test a los residentes y trabajadores de las residencias: hasta el lunes 27 de abril se habían realizado test a 30.349 residentes y 17.548 trabajadores. También se han mejorado los procedimientos de comunicación entre los mayores y sus familias mediante la distribución de más de 250 móviles de pantallas grandes y tablets, donados para tal fin.

Sin duda, las circunstancias ocasionadas por esta pandemia han puesto de manifiesto, la necesidad de adoptar medidas que garanticen la correcta atención de nuestros mayores.Para ello, se creará un grupo de trabajo para la realización de una Ley de Atención Residencial en la que entre otros aspectos, se exigirá un mínimo acopio de equipos de protección en función del tamaño de la residencia y el perfil de los usuarios, una mayor exigencia de formación y preparación del personal directivo, se implantará también una herramienta informática que permita conocer en tiempo real los usuarios de los centros y sus características en cuanto a su autonomía personal, el personal de que dispone cada centro tanto en número como de perfiles profesionales y sus incidencias. Esto permitirá conocer la situación de cada centro de manera instantánea e incrementar en caso necesario, el número de inspecciones .En la línea que proponen los expertos se seguirá desarrollando el modelo de las Unidades de Convivencia, así como el uso individual de habitaciones como estrategia, no solo para mejorar el bienestar de las personas, sino también para evitar la propagación de los contagios

Refuerzo de las políticas sociales

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha garantizado, a pesar de la situación originada por la pandemia del coronavirus, la prestación de los Servicios Sociales y las ayudas a los ciudadanos de Castilla y León. Así lo ha puesto de manifiesto la consejera, Isabel Blanco, en su comparecencia ante las Cortes a petición propios. Blanco señalo que durante este tiempo se ha mantenido el pago de la Renta Garantizada de Ciudadanía, la Dependencia, las Pensiones no contributivas, la Ley de Integración Social del Minusválido (LISMI) y el Fondo de Asistencia Social (FAS). Además, se han reforzado en todas las provincias los servicios de atención a colectivos más vulnerables y los centros residenciales, tanto de mayores que, tal y como se ha puesto de manifiesto, son los más afectados en esta crisis, como de personas con discapacidad, menores en situación de desamparo y víctimas de violencia de género. Una prestación de servicios a los ciudadanos que más lo necesitan y que no hubiera podido llevarse a cabo sin la coordinación y el diálogo permanente mantenido con representantes del Gobierno Central, el resto de fuerzas políticas, las Entidades Locales, las distintas asociaciones y el Tercer Sector Social de Castilla y León y los representantes del Diálogo Social.

Renta Garantizada de Ciudadanía y otras prestaciones

La Junta de Castilla y León ha reforzado durante este tiempo el compromiso con las familias y las personas más vulnerables que han visto en las últimas semanas cómo, en muchos casos, se agravaba su situación económica, activando para ello la Red de protección a las familias, e incrementando los recursos y facilitando los trámites y procesos para hacer frente a sus necesidades. Desde que se decretara el estado de alarma la Administración autonómica ha realizado un importante esfuerzo para garantizar el cobro las prestaciones a los ciudadanos, entre las que destacan la Renta Garantizada de Ciudadanía, partiendo de este Ingreso Mínimo Vital que ya dispone la Comunidad, desde hace 10 años.

En el caso de la Renta Garantizada de Ciudadanía el número de familias que la perciben es de 9.300 en este último mes, 22.000 beneficiarios, una cifra de perceptores que se ha incrementado en las últimas semanas y que recibirán en su conjunto 4,8 millones de euros en concepto de nómina mensual.

Red de Protección a las Familias

Conscientes de la importancia de atender a las familias especialmente vulnerables de Castilla y León, una de las primeras medidas adoptadas ha sido el refuerzo de la Red de Protección a las Familias con la ayuda de las entidades locales.

A través del Protocolo 012 y gracias a la colaboración de Cruz Roja, se ha puesto en marcha esta iniciativa para la detección centralizada de necesidades de atención social inmediata. Se trata de un servicio que se ha puesto a disposición de los ciudadanos que se encuentren en situación de dificultad, con el fin de cubrir sus necesidades más básicas a causa del confinamiento y que ha recogido y canalizado de forma urgente sus demandas, permitiendo así detectar nuevas necesidades en personas que demandan ayuda por no poder realizar por si mismas actividades esenciales de la vida diaria por pérdida de los apoyos habituales, personas y familias que necesitan apoyo urgente para la cobertura de las necesidades básicas de subsistencia por insuficiencia de recursos económicos y personas y familias vulnerables, ya sea por edad o por enfermedad que no pueden salir de su casa.

Desde el día 16 de marzo se han atendido un total de 8.835 demandas de un total de 14.910 solicitudes y para prestar dicha asistencia se ha contado con la ayuda de Cruz Roja, a la que se concedió una subvención de 1,2 millones de euros. Además, desde el día 20 de marzo cuando se puso en marcha este dispositivo, el teléfono 012 ha atendido un total de 6.317 demandas (lo que supone unas 200 llamadas de media a lo largo de los 32 días de aplicación del protocolo, de lunes a sábados, e incluyendo la Semana Santa).

Asimismo, durante el primer mes del estado de alarma, se han tramitado 1.481 prestaciones económicas para la cobertura de necesidades de subsistencia en situaciones de urgencia social, por un importe de 506.1527 euros. Los conceptos a los que se ha orientado la ayuda han sido: 616 para alimentación, 31 para hacer frente al pago de cuotas hipotecarias, 257 para necesidades básicas de la vivienda, 308 a sufragar al pago de alquiler de la vivienda y 166 a otros conceptos como cuidados personales, acondicionamiento del hogar, enseres, etc.

Además, una de las líneas de ayuda aprobadas recientemente por la Junta de Castilla y León, contempla una partida de 1.768.250 euros, destinados a garantizar el derecho básico de alimentación de niños y niñas en situación de vulnerabilidad que se encuentran afectados por el cierre de centros educativos debido a la pandemia del coronavirus y que además, se ha repartido entre las Corporaciones Locales con competencia en servicios sociales. La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades destacó durante su intervención la colaboración y coordinación desde el primer día con las Entidades Locales, y agradeció el esfuerzo y la respuesta inmediata que han realizado las mismas para atender las distintas recomendaciones y procedimientos que se han ido enviando, tanto las relativas al procedimiento de valoración de la dependencia, como el Plan de Contingencia de la Red de protección e inclusión a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica.

Respecto a la ayuda a domicilio,Isabel Blanco indicó que las recomendaciones enviadas hacían incidencia en mantener las atenciones básicas con la menor presencia posible, priorizando la atención a los usuarios más vulnerables, con necesidades de cuidados personales, o concediendo nuevas altas por necesidades de urgencia, teniendo también en cuenta que, al cerrar los centros de día podía aumentar el número de usuarios.A pesar de las medidas de reducción de las horas de contacto con las personas atendidas, en este mes se han producido 6.832 bajas voluntarias, que no deseaban continuar con el servicio por miedo al contagio. Las medidas adoptadas en estas circunstancias ha sido mantener el servicio, aunque no fuera presencial y realizar un seguimiento telefónico de estas personas para garantizar su correcta atención.Durante el primer mes de del estado de alerta, del 14 de marzo al 14 de abril se ha atendido presencialmente a 15.704 usuarios y se han incorporado al servicio 329 nuevas atenciones.

Respecto a la teleasistencia se ha ampliado la cobertura dando servicio a las personas mayores que viven solas o son vulnerables por otros motivos, reforzando el número de llamadas. Durante el primer mes de alerta, se ha atendido a través de este servicio a 15.930 personas y se han incorporado a 160 nuevos usuarios. El promedio de llamadas realizadas ha superado las 8.500 semanales

Para cofinanciar todas estas actuaciones que pudieran sobrevenir por la crisis del COVID-19, se ha destinado un total de nueve millones de euros, del Fondo Social Extraordinario destinado para las Comunidades Autónomas para paliar las consecuencias sociales originadas por la pandemia. Isabel Blanco señaló que en Castilla y León, dicho fondo se ha traspasado a las entidades locales para que sean ellas las que presten los Servicios Sociales, a diferencia de otrasComunidades como Extremadura, Castilla la Mancha o Asturias, en las que dicho Fondo Social Extraordinario no se ha repartido entre las Corporaciones Locales.De este Fondo Social Extraordinario, siete millonesse han  repartido entre las 24 corporaciones locales que forman parte del Acuerdo Marco, y los otros dos millones restantes servirán para financiar el esfuerzo económico que tienen que realizar las corporaciones locales que disponen de centros residenciales de personas mayores y de personas con discapacidad.