La Junta de Castilla y León destaca el alto grado de coincidencia entre su modelo de atención residencial y el propuesto para España por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales

domingo, 18 de julio de 2021

La Junta de Castilla y León destaca el alto grado de coincidencia entre su modelo de atención residencial y el propuesto para España por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades mantiene una reunión con el responsable del informe elaborado por la entidad nacional, que está recogiendo aportaciones de administraciones y entidades del Tercer Sector. El enfoque de la atención centrado en la persona y desde el respeto a su dignidad o el establecimiento de un sistema de evaluación de la calidad de los servicios, ideas comunes en los dos modelos contrastados.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, han conocido de primera mano el planteamiento y las ideas de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales para avanzar hacia un nuevo modelo de atención residencial en España y ha comprobado el alto grado de coincidencia con el sistema impulsado en Castilla y León.

La máxima responsable en materia de política social del Gobierno autonómico ha mantenido un encuentro de trabajo con Gustavo García Herrero, autor del documento que recoge las propuestas de la entidad de ámbito nacional, quien lo presentará la próxima semana en Madrid junto con el presidente de la asociación, José Manuel Ramírez.

Esta reunión se enmarca en el compromiso adquirido por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de compartir su informe con las comunidades autónomas y el Gobierno central, además de otras entidades, empresas y profesionales vinculadas al Tercer Sector, con la finalidad de recoger sus aportaciones y sugerencias y definir con el mayor consenso posible los parámetros del futuro modelo residencial en España.

La idea central que defiende la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales es que los cuidados comienzan en casa, entendida como la necesidad de adecuar los centros residenciales para configurar espacios hogareños y cálidos y prestar en ellos una atención individualizada y centrada en la persona.

De hecho, como ocurre con el modelo promovido por la Junta para Castilla y León, la entidad estatal también apuesta por la creación de unidades de convivencia en las residencias -que fomenten las relaciones entre los usuarios y sus familiares- y la prestación de servicios de proximidad.

El respeto a la dignidad de la persona como pilar del sistema

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales menciona en su informe de propuestas el respeto a la dignidad de la persona como pilar fundamental, y en virtud de ellos aboga por implantar en todos los centros un programa para la reducción progresiva de las sujeciones físicas y farmacológicas.

En este punto, cabe recordar que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades se ha comprometido a poner en marcha un programa de formación de los profesionales para dotarles de nuevas capacidades con el objetivo de que las residencias de Castilla y León sean centros libres de sujeciones. Todo ello desde el enfoque ético a los cuidados de larga duración, que impregna todo el texto normativo del anteproyecto de ley de atención residencial en la Comunidad.

También son evidentes las similitudes entre las propuestas de la Asociación de Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y el Ejecutivo de Castilla y León en cuanto a la apuesta por la calidad de la atención residencial. En el caso de la Comunidad, la futura ley prevé mecanismos para promover y evaluar la calidad de los servicios a partir de estándares europeos y desde un enfoque singular.

Así, el modelo de evaluación impulsado por el departamento que dirige Isabel Blanco tiene como objeto central la calidad de vida de las personas y, por ello, medirá el impacto de los planes de apoyo en los proyectos de vida de los usuarios teniendo en cuenta sus valores individuales y asegurando el respeto de todos sus derechos.

Esta evaluación, que se ejecutará de forma continua, dará lugar a una categorización de los centros a partir de parámetros objetivos. Los resultados de los exámenes de calidad se publicarán con periodicidad anual en un informe para que los futuros usuarios puedan elegir con garantías la residencia a la que quieren acudir.

De igual manera, la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales plantea que los centros deben contar con una dotación de plantillas adecuadas y cualificadas, un punto en el que también coincide con el modelo castellano y leonés.

Presentación de los nuevos proyectos de Castilla y León

En el transcurso de la reunión, la consejera ha explicado a Gustavo García Herrero algunos de los nuevos proyectos que está desarrollando el Gobierno de Mañueco para avanzar hacia la implantación del modelo de atención a la Dependencia 5.0, donde las nuevas tecnologías y la innovación se ponen al servicio de los cuidados centrados en la persona, que promueven su vida independiente y su bienestar.

El técnico de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales se ha mostrado especialmente interesado en conocer las iniciativas de Castilla y León orientadas a la atención de los mayores en el medio rural.

A este respecto, Isabel Blanco le ha trasladado los detalles del programa Atención en Red, que combina los cuidados en domicilio y en centros residenciales, y los conecta entre sí por medio de un paquete común de productos tecnológicos y servicios de apoyo y una red de profesionales volcados en la protección de los más vulnerables.

En concreto, este proyecto conjuga las iniciativas 'A gusto en casa' y 'Viviendas en Red' -donde el usuario recibe servicios de calidad en su propio entorno, permitiendo así que pueda permanecer en su hogar de forma digna y segura hasta el final de su vida- con el nuevo modelo de atención residencial -que promueve centros multiservicio, donde las instalaciones de comedor o lavandería o los servicios de promoción de la autonomía prestan apoyo a los usuarios de los dos primeros programas-.

El responsable de la entidad estatal ha considerado este programa de especial interés, en tanto su filosofía encaja con los principios que defiende la asociación y la idea de que la atención a los mayores comienza y termina en casa.

Junto a esto, la consejera ha mencionado también la Teleasistencia Avanzada -gratuita para todos los usuarios-; el programa INTecum -para que los enfermos en fase terminal puedan vivir en su casa hasta el final de sus días con todos los apoyos sanitarios que precisen- o PROCURA -que proporciona servicios públicos eficientes e innovadores para los ciudadanos, integrando los procesos sociales y asistenciales, a través del proceso de compra pública innovadora.

Castilla y León líder en el territorio nacional

Durante el encuentro de trabajo, Isabel Blanco y Gustavo García Herrero han repasado los principales indicadores con los que la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales mide periódicamente la calidad en la atención a los usuarios y en el desarrollo de las políticas sociales, unos exámenes que Castilla y León supera con nota.

Ésta es la autonomía con mayor cobertura de plazas residenciales en España, del 7,84 % (el 6,3 % con financiación pública), frente al 4,33 % de la media (2,68 % si tomamos las de financiación pública). La Comunidad es la única que, con fondos públicos, cumple la ratio de cinco plazas por cada 100 personas mayores de 65 años. Por otro lado, casi ocho de cada 10 ingresos en plazas residenciales cuentan con ayuda pública.

Castilla y León lidera también la gestión de la Dependencia en el conjunto del territorio nacional. La financiación para la atención dentro del sistema se sitúa este año en casi 680 millones de euros, el 15,45 % más que en el último presupuesto aprobado.

La Comunidad es la es la primera de España en cumplir la plena atención, no tiene lista de espera y acaba de reducir a dos meses los plazos de reconocimiento del derecho, frente a los seis del resto de España. También ha reforzado con 15 millones de euros adicionales las cuantías de las prestaciones vinculadas a servicios y de asistencia personal, de los que se benefician 74.300 personas dependientes.

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