Más presupuesto para Servicios Sociales en Castilla y León

El Acuerdo Marco, que tiene su origen en la Ley de Servicios Sociales de Castilla y León, representa el principal instrumento de colaboración entre la Administración autonómica y las corporaciones locales en materia de Servicios Sociales. Es la fórmula elegida para garantizar a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y las nueve diputaciones provinciales financiación suficiente para prestar los Servicios Sociales dentro de sus competencias. Con ello, se aprovecha la proximidad de los profesionales de estas entidades locales a los usuarios y se evitan duplicidades.

El objetivo de la Junta pasa por el mantenimiento de la red coordinada de Servicios Sociales, por potenciar los servicios que prestan las corporaciones locales y por garantizar los empleos de 1.124 profesionales que trabajan en este ámbito y que son financiados por la Junta de Castilla y León. El Acuerdo Marco de 2015 y 2016 permitirá a las corporaciones locales incrementar la plantilla en 120 trabajadores, que vendrán a reforzar la actividad de los Centros de Acción Social (CEAS) e incidirán en el abordaje de las situaciones de violencia de género y de violencia intrafamiliar. Se cumple así el compromiso expresado por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera.

En esta ocasión, la Junta de Castilla y León ha decidido modificar la estructura y denominación de los programas para adaptarlos a los criterios y prestaciones fijadas en la Ley de Servicios Sociales y al recientemente aprobado Catálogo de Servicios Sociales. Así, esta financiación irá destinada a tres grandes áreas de actuación: el personal de los equipos de Acción Social -45,3 millones de euros-, la atención a situaciones de Dependencia -114,7 millones- y la Red de Protección a las Familias -33 millones-.

Área de personal de los equipos de Acción Social

El área de personal contará con un total de 45,3 millones de euros, lo que supone un incremento del 11,85 % sobre lo asignado en el anterior Acuerdo Marco (4,8 millones de euros más). Estos profesionales constituyen la puerta de entrada a los Servicios Sociales. Se encargan de prestar información, orientación y asesoramiento a todos los ciudadanos que lo soliciten sobre los recursos del sistema. Realizan, además, la detección, diagnóstico y evaluación de la situación de necesidad de cada caso, y elaboran un plan individualizado de atención de cada usuario en función de sus necesidades, así como un seguimiento de los casos.

Junto a esto, desarrollarán acciones preventivas y de promoción de la convivencia e integración familiar y social, además de acciones de envejecimiento activo y prevención de dependencia. Darán prioridad al acceso a la Renta Garantizada de Ciudadanía y la valoración y seguimiento de las situaciones de Dependencia.

Área de atención a las situaciones de Dependencia

La Junta de Castilla y León consigna un total de 114,7 millones de euros en el Acuerdo Marco para cofinanciar las prestaciones de atención a las situaciones de Dependencia que prestan las entidades locales. Esta cantidad representa un incremento de 8,9 millones de euros (un 8,46 %), lo que posibilitará aplicar con mayor flexibilidad las prestaciones al Catálogo de Servicios Sociales.

Esta aportación servirá para prestar el servicio de ayuda a domicilio, de teleasistencia, servicios para las personas mayores, para las personas con discapacidad, formación para cuidadores no profesionales, para el mantenimiento de los equipos de promoción de la autonomía personal (EPAP) y para programas de envejecimiento activo y prevención de la Dependencia de personas mayores, así como programas para personas con discapacidad.

Ayuda a domicilio, envejecimiento activo y prevención de la Dependencia

El servicio de ayuda a domicilio saldrá reforzado en el periodo 2015-2016. Así, la Junta destinará 98,9 millones de euros a financiar esta prestación, con el objetivo de que las personas dependientes puedan permanecer en su entorno familiar el mayor tiempo posible, contando con apoyos de tipo personal que les posibiliten desarrollar o mantener su autonomía, prevenir el deterioro y promover su inclusión social. Esta cuantía representa un incremento de un 8,9 % -8,1 millones de euros- que permitirá responder a la incorporación de las personas dependientes de Grado I y a la flexibilización en el uso de esta prestación. Este área concentra el 51 % de todos los fondos consignados en el Acuerdo Marco.

El Gobierno autonómico dedicará 1,6 millones de euros a financiar el programa de envejecimiento activo y prevención de la dependencia, especialmente en dos colectivos: mayores de 65 años y personas con discapacidad. Duplica la cuantía consignada a las corporaciones locales para desarrollar actividades del Programa Integral de Envejecimiento Activo en el medio rural y para programar actuaciones de prevención de la dependencia de personas con discapacidad.

Mantenimiento de los Equipos de Promoción de la Autonomía Personal y Teleasistencia

La Junta financia con 4,4 millones de euros el mantenimiento del servicio de autonomía personal, que prestan los profesionales en lo que se conocen como los EPAP. Se trata de equipos itinerantes y multidisciplinares que pretenden garantizar una correcta atención a las personas dependientes o con discapacidad que residen en su domicilio y prestar apoyo a sus cuidadores. Su principal función es la intervención, si bien son expertos en valoración de la Dependencia y Discapacidad, y asesoran a otros profesionales de las entidades locales y apoyan en la elaboración del plan de intervención.

A prácticamente 3 millones asciende la cantidad que destina la Junta de Castilla y León, dentro del Acuerdo Marco, a financiar el servicio de Teleasistencia para lograr que las personas mayores cuenten con un servicio de apoyo de carácter técnico las 24 horas al día.

Servicios para personas mayores, personas con discapacidad y formación de cuidadores no profesionales

El Acuerdo Marco incluye casi 4,2 millones de euros para colaborar con los gastos de mantenimiento de plazas residenciales y de centros de día para personas mayores dependientes cuya titularidad corresponda a las corporaciones locales. Esta cuantía supone cerca de un 21 % más que en el anterior Acuerdo Marco.

Junto a esto, contempla más de 2,4 millones para financiar los gastos generados por la prestación de servicios de atención residencial, en vivienda o en centros de día para personas con discapacidad. Además, la Junta consigna 124.700 euros a dotar a los cuidadores no profesionales de las habilidades y conocimientos específicos para atender a una persona en situación de Dependencia. Esta formación contribuye a mejorar la vida de los cuidadores no profesionales así como de las personas que atienden.

Red de Protección a las Familias

Las nuevas demandas de los ciudadanos surgidas por la crisis económica ha llevado a la Junta de Castilla y León a potenciar el respaldo económico que destina a las corporaciones locales para paliar la situación de numerosas familias, y en especial a proteger a los menores. De esta forma, la subvención para la Red de Protección a las Familias roza los 33,6 millones de euros, lo que representa un incremento del 14,16 % para los años 2015 y 2016 (4,1 millones más).

El mayor incremento presupuestario en este área (un 34,7%) irá destinado a cubrir las necesidades básicas de subsistencia de aquellas familias que se encuentran en situación de urgencia social. Hasta 10,4 millones de euros concederá la Junta de Castilla y León a las entidades locales para hacer frente a las necesidades urgentes de las familias. Además de mantener las tradicionales líneas de ayudas de emergencia, reforzará las prestaciones vinculadas al pago de la vivienda e incluirá, como novedad, una nueva línea de prestación económica de apoyo a la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad para prevenir, evitar o paliar situaciones de exclusión social.

Además, el Acuerdo Marco contempla 7,3 millones para financiar al personal técnico que desarrolla intervenciones profesionales orientadas a promover la inclusión social y laboral de las personas más vulnerables y a atender el servicio integral de apoyo a las familias en riesgo de desahucio.

Muy significativo también resulta el incremento de hasta un 13,5 % el dinero que recibirán las corporaciones locales para desarrollar programas de apoyo familiar para la protección a la infancia y medidas preventivas para los menores en situación de riesgo, haciendo especial hincapié en abordar los casos de violencia intrafamiliar. En total percibirán 12,2 millones de euros.

La aportación de la Administración autonómica se completa con cerca de 3,6 millones para financiar los programas de conciliación de la vida familiar y laboral, a través de los centros infantiles de 0 a 3 años 'Crecemos'.