Entrevista a Ignacio Fernández Toxo

¿Cuáles son a su juicio los problemas fundamentales que amenazan la sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones?
El Sistema Público de Pensiones goza de buena salud y para mantenerla en el futuro será necesario atajar algunos problemas. Por ejemplo, orientar buena parte de las políticas públicas y privadas a la creación de empleo estable y de calidad,  a mejorar la productividad y a la incorporación de las mujeres a la actividad laboral. Éste será el principal soporte de un sistema de pensiones que, a nuestro juicio, debe tener a las cotizaciones sociales como el instrumento preferente y fundamental de financiación. Y sin restar importancia a la evolución demográfica, los que creemos en el actual modelo público hemos de combatir con claridad los intentos de ciertos grupos económicos y financieros de subvertir el sistema y avanzar hacia un nuevo modelo que busca convertir el ahorro en negocio para que la principal prestación por jubilación corresponda a los planes privados de capitalización (el que pueda permitírselo)  y la complementaria a la que procede del Estado.
 
Entre el aluvión de propuestas, más o menos sólidas, para asegurar por muchos años la buena salud del Sistema de Pensiones Contributivo, la idea de prolongar obligatoriamente la edad de jubilación hasta los 67 años ha provocado mucho ruido. De aprobarse, se implantaría de forma paulatina a partir del 2013. ¿Qué opina sobre estas propuestas, cuál es su opinión?
Conocida y clara: esa propuesta es un disparate y CCOO la rechaza. Es una medida agresiva e innecesaria. Los sucesivos acuerdos de pensiones establecen mecanismos, no traumáticos, que han tenido como efecto un retraso efectivo y voluntario de la edad de jubilación real (se ha pasado de 62,87 años a 63,27 años en menos de cinco años). Por eso, estamos dispuestos a reforzar los mecanismos voluntarios de jubilación flexible ya existentes, tanto para anticipar la edad de jubilación como para retrasarla, pero nos oponemos rotundamente a imponer obligatoriamente el retraso de la edad de jubilación.
 
Hemos oído que parte de la posible solución a los problemas estaría en la ampliación de la base de 15 años para calcular el cómputo de las pensiones. ¿Es una buena medida? ¿En qué sentido afectaría a los pensionistas?
CCOO ha mostrado su disposición a participar de una reflexión en el diálogo social orientada a identificar aquellas medidas de reforma que el sistema podría necesitar en el futuro. Se puede hablar de periodo de cálculo, pero hemos de compartir el diagnóstico, evaluar el impacto en los pensionistas de una hipotética ampliación del mismo, y distribuir de forma justa y equilibrada los esfuerzos a realizar. Hay que actuar con el mayor rigor y evitar la precipitación, y nos parece prioritario hablar de cómo se puede mejorar las bases de cotización.
 
Aumentar el esfuerzo contributivo durante el ciclo laboral, congelar las pensiones o disminuir las expectativas durante el ciclo de jubilación son alternativas al retraso de la edad de jubilación que también se barajan. ¿Qué nos puede comentar acerca de estas posibles medidas?
Si se fija, todas ellas van dirigidas a reducir el gasto y ninguna a incrementar los ingresos. En consecuencia, son medidas que lesionan derechos de los pensionistas presentes o futuros. CCOO cree que debe reforzarse la estructura de ingresos del Sistema de Pensiones. Hay que culminar el proceso de separación de fuentes en los plazos previstos; dejar de financiar con cotizaciones los gastos del personal de la Administración de la Seguridad Social; elevar el Salario Mínimo Interprofesional hasta alcanzar el 60% de los salarios medios en España, puesto que el SMI sirve para fijar la base de cotización mínima del Sistema; elevar las bases máximas de cotización, con una evolución adecuada de la cuantía de la pensión máxima. Son medidas necesarias que tienen un impacto directo y relevante sobre la estructura de ingresos del sistema.
 
¿Qué opinión le merecen las prejubilaciones?
Pues dependerá de cada una de las situaciones. No se pueden sembrar dudas de forma generalizada. Si la decisión de recurrir a las prejubilaciones nace del diálogo entre patronal y sindicatos y es la respuesta pactada para superar objetivamente las dificultades económicas, laborales y financieras de una empresa sobre todo para evitar despidos y rescisión de contratos, no encuentro razones para rechazarlas. No hace falta afirmar que cuando injustificadamente se abusa de este recurso, los primeros en oponernos seremos los sindicatos. Adicionalmente y para evitar que el debate se distorsione, conviene que se sepa que la jubilación anticipada tal y como esta configurada tiene efectos neutros, económicamente hablando,  para el sistema.
 
Se ha sugerido la conveniencia de complementar la futura jubilación con un plan privado de pensiones que permita mantener la capacidad adquisitiva... Incluso se ha considerado aplicar incentivos fiscales a los planes privados de pensiones, además de otras ventajas. ¿Cómo valora estas proposiciones?
En la actualidad son muchos los trabajadores que, bien de forma colectiva, bien individualmente, complementan, y digo bien, complementan, con planes de ahorro su pensión pública. Lo que ocurre es que en el actual momento (crisis, paro, reducción del gasto...) las declaraciones del ministro de Trabajo no fueron precisamente oportunas. Por otro lado, no es que se haya considerado, es que los planes privados gozan de ventajas fiscales, un hecho que CCOO siempre ha criticado. Nosotros partimos de una prioridad por encima de todas: preservar la fortaleza y viabilidad del sistema público y de las pensiones públicas. Si las condiciones económicas y de empleo permiten a un trabajador o trabajadora hacer un esfuerzo de ahorro para complementar su pensión, no nos oponemos.
 
¿Está de acuerdo en que la reforma del Sistema Público de Pensiones es necesaria?
Algunos cambios son necesarios. Lo apuntaba antes cuando sugería reforzar la estructura de ingresos del sistema. Pero los mecanismos para activar estos cambios están previstos. En el ámbito político e institucional, avanzando en el consenso parlamentario a través de la Comisión del Pacto Toledo; en la mesa de diálogo social, de la que formamos parte junto a las organizaciones empresariales y el Gobierno, para analizar y adoptar las medidas que nos permitan  consolidar el sistema público de pensiones. En esa dirección trabajamos.
 
Suponemos que en esta reforma se contemplaría también la subida de las pensiones mínimas, la revisión de las pensiones de viudedad, de invalidez..., la fiscalidad de las pensiones...
La mayoría de estas iniciativas son ya objeto de negociación entre el Gobierno y las organizaciones sindicales y empresariales. Como sabréis, las pensiones mínimas han experimentado un progresivo aumento -todavía insuficiente y tendrá que seguir en el futuro- gracias al diálogo social. En relación con las pensiones de viudedad, hemos de actuar con justicia para evitar situaciones de extrema dificultad, pero siempre proyectando con rigor la evolución de estas pensiones en el futuro. Igual actuación con las pensiones de invalidez. En definitiva, la mejora de estas situaciones siempre presidirá nuestra acción sindical.

Con frecuencia y relacionado con estas cuestiones oímos hablar del Pacto de Toledo. ¿Cuál es su cometido?
De gran trascendencia. Ha sido desde 1995 el instrumento fundamental para evaluar, diagnosticar y actualizar la viabilidad del sistema público de pensiones. Y así debe seguir siendo. Ahora que ciertos grupos de expertos o servicios de estudios de las entidades financieras apuntan el final de su recorrido, CCOO cree que sigue siendo una instancia muy importante para trabajar en la dirección citada. Sacar de la esfera pública las reformas que necesita el sistema público de pensiones sería, con toda seguridad, el principio del fin de un sistema de solidaridad y reparto, financiado con cotizaciones sociales, para dar paso a otro modelo mayoritariamente privatizado y convertido en negocio de unos pocos.
 
En caso de llevarse a cabo algunas reformas de forma inmediata, ¿afectarían a las personas que actualmente están jubiladas?
Los actuales pensionistas, como los futuros pensionistas, siempre podrían ver afectada su  situación, pero los sindicatos trabajamos para que los cambios se orienten a consolidar y mejorar la misma. En cualquier caso, el primer objetivo de CCOO es neutralizar los ataques al sistema público y adoptar las medidas necesarias para garantizar su viabilidad en el futuro.
 
¿Cree que el previsible aumento del número de jubilados en el futuro únicamente afectará al tema de las pensiones?
Es verdad que asistimos a un progresivo envejecimiento de la población española que hará que se genere un número creciente de pensiones en los próximos años, por una cuantía más elevada y durante más años como consecuencia del positivo aumento de nuestra esperanza de vida. Sin embargo, el mayor número de pensionistas también puede ser una oportunidad para lograr una sociedad más abierta y participativa, que opere con mayor eficacia en ciertos ámbitos de la actividad económica y del estado de bienestar.
 
¿Qué opina acerca del Estado de Bienestar, debe mantenerse, puede llegar a ser insostenible?
El Estado de Bienestar es una de las conquistas más importantes de la democracia y del movimiento sindical y trabajaremos con todos nuestros medios para preservarlo. Habrá que introducir cambios y reformas, pero con decisión y coraje de las políticas públicas, con rigor y sentido de la responsabilidad, los estados de bienestar en el marco del modelo social europeo,  marcan la pauta del proyecto sindical.