Entrevista a Tomás Burgos

¿Cuáles son a su juicio los problemas fundamentales que amenazan la sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones?
Teniendo en cuenta que nuestro Sistema de reparto está basado en las aportaciones de los cotizantes, la principal amenaza que se cierne sobre el futuro del Sistema de Pensiones es que no seamos capaces de generar suficiente empleo y  riqueza para que las aportaciones derivadas de ese empleo sean suficientes ante el desafío demográfico. Para nosotros, la demografía no es un problema, es un desafío, es el marco en el que tenemos que desarrollar las políticas de protección de nuestros mayores, pero lo relevante de las políticas a diseñar es la creación de empleo.


Sabemos que cada año el número de jubilados aumenta en torno al 1,8%, y que necesitamos una relación entre cotizantes y pensionistas que haga sostenible ese incremento. Es decir, tenemos que generar empleo de calidad, con estabilidad, con las suficientes cotizaciones para que seamos capaces de sostener ese crecimiento de nuestra población mayor, que  ya sabemos que se va a producir. Porque la demografía, aunque parezca un descubrimiento de este Gobierno, ha estado en todos los trabajos del Pacto de Toledo desde su constitución en 1995. No es una novedad. Las aportaciones que sostienen las pensiones tienen que ver fundamentalmente con la productividad, con el crecimiento económico y con el empleo, y ahí es donde hay que orientar las políticas.

La crisis económica ha venido a complicar el escenario. Hemos perdido desde que comenzó la crisis más de 2 millones de cotizantes, más de 2 millones de afiliados a la Seguridad Social. O revertimos esa situación con carácter inmediato o nuestra Seguridad Social tendrá problemas a corto plazo.

Entre el aluvión de propuestas, más o menos sólidas, para asegurar por muchos años la salud del Sistema de Pensiones Contributivo,  la idea de prolongar obligatoriamente la edad de jubilación hasta los 67 años ha provocado mucho ruido. De aprobarse, se implantaría de forma paulatina a partir de 2013. ¿Qué opina sobre estas propuestas? ¿Su opción?
El Partido Popular considera absolutamente imprudente, innecesaria y contraproducente la medida de elevar de forma forzosa la edad de jubilación a los 67 años.

Las medidas son buenas o malas en función del escenario en el que se aplican, del momento en el  que se toman y de las consecuencias previsibles de las mismas. Introducir un elemento como la prolongación coactiva de la vida laboral en un mercado de trabajo tan desajustado como el nuestro, donde uno de cada dos  trabajadores no llega a los 65 años, a la edad de jubilación ordinaria o legal establecida en nuestro país, donde el desempleo juvenil supera el 40%, lo único que va a producir es una enorme brecha entre generaciones.  Y  la única consecuencia que va a tener la ampliación del periodo de jubilación obligatoria no va a ser que los ciudadanos trabajen más, sean más activos o aporten más al Sistema,  va a ser un recorte de pensiones drástico, sin paliativos, que va a operar de forma más intensa sobre la población con menores recursos: los trabajadores menos cualificados y aquellos que tienen pensiones más bajas.

Nos parece que hay otras muchas medidas que tomar, más ajustadas a la realidad de nuestra situación económica y social y a la demanda que tiene nuestro Sistema de Pensiones.

Entendemos que la edad de la jubilación, sobre la que se están vertiendo todo tipo de opiniones no siempre bien fundamentadas, no es una opción en estos momentos, en nuestro país. No es cierto que la mayoría de los países europeos esté incrementando la edad legal de jubilación,  lo están haciendo tan solo 6 de los 23 y, en la mayoría de los casos, porque tienen edades de jubilación muy inferiores a la española. Francia tiene una edad de jubilación de 60 años, y en otros países, son las mujeres las que tienen una edad de jubilación inferior a la de los hombres, en torno a esos 60 años. Sin embargo,  todos los países están operando sobre otro tipo de reformas que, probablemente, sean más relevantes desde el punto de vista de la equidad y de la justicia de un Sistema de Pensiones Contributivo. El Pacto de Toledo ha venido insistiendo sobre estas medidas, y es donde creemos que tenemos que insistir en estos momentos.

Hemos oído que parte de la posible solución a los problemas estaría en la ampliación de la base de 15 años para calcular el cómputo de las pensiones. ¿Es una buena medida? ¿ En qué sentido afectaría a los pensionistas?
No es la solución, pero tenemos un Sistema contributivo,  solidario, de reparto, que debemos hacer más equitativo y más justo con la reforma. Ampliar el periodo de cálculo de las pensiones significa aumentar la  correspondencia entre lo que se aporta y lo que se recibe. Por lo tanto, es más justo y más solidario tener en cuenta más espacio vital para calcular la pensión. Porque la pensión, al final, debería ser un reflejo del esfuerzo de cotización, de la actividad laboral, del esfuerzo contributivo a lo largo de la vida laboral. Ese es un escenario complejo al que hay que atender.
El Pacto de Toledo se  ha manifestado en varias ocasiones sobre la necesidad de ir ampliando el periodo de cálculo, por tanto, el debate no está en si conviene o no ampliar el período de cálculo, como algunos pretenden ver. El debate está en cómo lo hacemos, con qué progresividad y hasta qué punto. Estamos planteando posibilidades y opciones sobre este tema, pero el Partido Popular no tiene una opción, ni probablemente le competa tenerla, sobre el número de años concreto.  Eso tendrá que venir de estudios técnicos que deberán elaborar el Ministerio y la Administración. Lo que sí propugnamos, lo que sí vamos a poyar en todo caso es una ampliación de un periodo de cálculo, pero no porque genere más ahorros al Sistema,  no porque suponga merma de pensiones, ni mucho menos, recortes. Es más, puede favorecer a una parte muy sustancial de la población cercana a la jubilación, sobre todo, a aquellos que han perdido el trabajo en los últimos años de su vida, ya que un periodo más corto de cálculo les perjudica porque tendría en cuenta periodos de desempleo, de jubilación anticipada, con menores bases de cotización.

No estamos hablando de una medida para recortar o de una medida para ahorrar, estamos hablando de una medida para hacer el Sistema más justo, más solidario y más equitativo.

Aumentar el esfuerzo contributivo durante el ciclo laboral, congelar las pensiones o disminuir las expectativas durante el ciclo de jubilación son alternativas al retraso de la edad de jubilación que también se barajan. ¿Qué nos puede comentar acerca de estas posibles medidas?

El Gobierno ha planteado un dilema con la presentación de su propuesta, que nosotros entendemos que resulta inaceptable. Viene a decir que o se recortan las pensiones o se eleva la edad de jubilación. Y que ese es el dilema y no hay salida.

Las pensiones en nuestro país no son generosas, todavía tienen un trecho importante que recorrer para cubrir situaciones de necesidad, para aumentar la protección, especialmente en casos evidentes como pueden ser el de las mujeres mayores o el de los prejubilados que han tenido una penalización muy importante después de largas carreras de cotización. Por tanto, no se trata de recortar o elevar la edad de jubilación,  se trata de que haya un Sistema con más cotizantes donde el esfuerzo de cotización de cada ciudadano se vea más atendido y más correspondido en la pensión que va a recibir; donde se eviten los usos arbitrarios y los abusos que todavía siguen haciendo en el Sistema de Pensiones algunos ciudadanos y algunos colectivos en nuestro país; donde las pensiones atiendan fundamentalmente aquellas  necesidades para las que fueron creadas y no planteen una sobre protección o una sobre cobertura.

En ese sentido, el Pacto de Toledo, sin necesidad de plantear reformas duras como las que ha planteado el Gobierno, tiene todavía un largo recorrido: muchas de sus recomendaciones no se han cumplido y están plenamente vigentes. Y sobre esas recomendaciones, hay que operar.

 Lo que tienen que saber los pensionistas es que el Gobierno no puede pedir sacrificios a los ciudadanos, y elevar la edad legal de jubilación es un sacrificio y recortar pensiones lo sería en mayor medida, cuando es el propio Gobierno el que no está atendiendo las obligaciones financieras que tiene con la Seguridad Social . Y nuestro primer objetivo debe ser que las cotizaciones solo financien pensiones y que no se esté utilizando el dinero de la Seguridad Social para financiar otros objetivos que no son del Sistema de Pensiones y que deberían ser financiados con los presupuestos. Eso supone todos los años un importante volumen de recursos que ya deberían estar financiados con la solidaridad general, que es la que se expresa en los presupuestos del Estado, y no con las cotizaciones.
Solamente con que separemos las fuentes de financiación del Sistema y las cotizaciones vayan realmente a financiar las pensiones, tendríamos un margen importante de maniobra que ahora no tenemos. El Gobierno retiene fondos que deberían estar en el fondo de reserva de la Seguridad Social. La constitución del fondo de reserva es uno de los grandes logros de nuestro Sistema de Pensiones en los últimos años. Y fue un Gobierno del Partido Popular quien aprobó la creación de ese fondo. Sin embargo, llevamos dos años en los que el Gobierno no está incorporando al fondo de reserva aquellos recursos que está generando el Sistema. Esto significa que el Gobierno esta utilizando los recursos de la Seguridad Social y del fondo de reserva, los recursos de los pensionistas de hoy y de mañana, para otros objetivos.

Nosotros exigimos que se acabe con esta situación, primero porque lo dice el Pacto de Toledo: que el fondo de reserva ha de dotarse con todos los excedentes que genere el Sistema, y no hay ningún tipo de cortapisa a ese mandato, y que el Gobierno financie con cargo a los presupuestos del Estado aquellos elementos que hoy se siguen financiando con las cotizaciones.


Por tanto, hay mucho que hacer en el ámbito de la clarificación financiera del Sistema para que los recursos que generen los cotizantes se destinen solo a financiar las pensiones; hay mucho que hacer en la equidad y en la contributividad del Sistema; tenemos que reformar la viudedad y la orfandad porque es un mandato incumplido también del Pacto de Toledo; hay que proceder a la convergencia de los regímenes distintos que conviven en la Seguridad Social para que a igual cotización, igual protección.

 Creemos que queda mucho margen para actuar, muchas medidas que no son ni siquiera novedosas, en las que conviene que pongamos el acento, y no en los recortes ni en el mensaje negativo de que el envejecimiento de la población, de la noche a la mañana, se ha convertido en una losa para España.

¿Qué opinión le merecen las prejubilaciones?
Podemos decir que es uno de los grandes incumplimientos del Pacto de Toledo. Cuando renovamos el Pacto de Toledo en el año 2003, yo era portavoz del Grupo Popular en aquella ocasión, ya se puso el acento en la necesidad de que la prolongación de la vida laboral de nuestros ciudadanos era uno de los objetivos claves . Y ahí había que distinguir dos elementos:  uno, evitar la expulsión anticipada del mercado laboral de nuestros trabajadores, acabar con la discriminación por la edad que sigue existiendo en gran medida en todos estos procesos de prejubilaciones.


A los ciudadanos se los expulsa del mercado de trabajo simplemente por la edad que tienen, no por otro tipo de consideraciones, y la inmensa mayoría de estos ciudadanos nunca volverán a encontrar un puesto de trabajo porque nuestro Sistema, nuestro mercado de trabajo no está pensado, ni diseñado, ni estructurado para recuperar esa fuerza laboral. Por lo tanto, frenar las prejubilaciones ya era un objetivo, pero no solo no se han frenado, sino que hemos visto en los últimos meses cómo los procesos de expulsión anticipada de nuestros trabajadores mayores han aumentado, que los procesos de prejubilaciones se están extendiendo a amplios sectores de nuestro mercado laboral.
Es un objetivo en el que debemos insistir, pero con la premisa de que hay que pasar de las depredaciones a las medidas concretas.

La otra pata del problema, digamos, es la prolongación voluntaria de la vida laboral  más allá de la edad de jubilación. Sobre ese tema, se diseñó una legislación que abría la posibilidad: modelo de jubilación gradual y flexible que después de varios años de su implantación no ha conseguido los objetivos que se pretendían. En parte, porque era una propuesta novedosa y no había una cultura, y no la hay todavía en nuestro país, de prolongación de la vida laboral.  Pero, claramente, los incentivos que tiene el Sistema no son suficientes: solamente hay unos 130.000 ciudadanos afiliados a la Seguridad Social que siguen cotizando más allá de los 65 años. La mayoría son autónomos, y por lo tanto, no estamos consiguiendo que el ciudadano de a pie, el ciudadano del régimen general, trabajador por cuenta ajena, vea en la prolongación de la vida laboral un estímulo, no solamente de realización personal, sino también un estímulo que le permita ganar en pensiones, ganar incluso en ayudas económicas de forma significativa.
Nuestras propuestas van precisamente en esa dirección: limitar el acceso a las prejubilaciones de forma muy importante y, luego, establecer un mecanismo de prolongación voluntaria de la vida laboral que compense a los ciudadanos seguir trabajando, si así lo desean.

Se ha sugerido la conveniencia de complementar la futura jubilación con un plan privado de pensiones que permita mantener la capacidad adquisitiva... Incluso se ha considerado aplicar incentivos fiscales a los planes privados de pensiones, además de otras ventajas. ¿Cómo valora estas proposiciones?
Nosotros tenemos un Sistema Público de Pensiones potente que goza de importante apoyo popular, por lo tanto, el Sistema Público de Pensiones no está en entredicho.

El Pacto de Toledo incorpora la posibilidad de que, además de ese Sistema Público potente, haya sistemas complementarios, de manera que los ciudadanos dispongan de mayores rentas el día de su jubilación. Ese es uno de los ámbitos en el que  también hemos retrocedido en los últimos años. No hemos conseguido extender los sistemas complementarios de pensiones a ese gran colectivo de ciudadanos españoles que trabaja en la pequeña y  la mediana empresa. Solo las grandes empresas, solo los funcionarios tienen sistemas complementarios de pensiones establecidos que disponen de cierto apoyo fiscal.

Lo cierto es que el gran colectivo de ciudadanos españoles trabaja en las pequeñas y medianas empresas, y a esas no ha llegado el sistema complementario. Primero, porque en la negociación colectiva entre sindicatos y empresas, ese tema, en el ámbito de la pequeña y mediana empresa, no tiene aceptación. Segundo, porque los ciudadanos tienen salarios que no les permiten diferir una parte del mismo a sistemas complementarios con garantías y con ciertos estímulos de apoyos públicos, de apoyos fiscales, que los hagan atractivos. Y tercero, porque en este país, no hay una cultura de ahorro y de previsión social significativa en el ciudadano medio. Por tanto, sin poner en cuestión el Sistema Público de Pensiones, que es la base fundamental de nuestro Sistema de protección, los sistemas complementarios necesitan ser apoyados y necesitan además incorporarse a toda esa gran masa de población que, por el momento, está ausente.

Estamos a años luz de los recursos que otros países de nuestro entorno dedican a sistemas complementarios. Pero aquí se plantea siempre un dilema falso,  apoyar el Sistema Público o apoyar los sistemas complementarios. No, no. Hay que apoyar los dos porque nuestra población, precisamente por ese  desafío del envejecimiento, va a necesitar muchos más recursos, y los recursos públicos son limitados.  Por tanto,  a esos recursos públicos limitados habrá que incorporar recursos añadidos y, salvo que se me diga lo contrario, los recursos añadidos únicamente pueden venir de un diseño complementario, de un diseño de colaboración publica y privada, bien planteado, que permita cubrir a toda esa población.

Parece claro que la reforma del Sistema Público de Pensiones es necesaria, y suponemos que, en esa reforma, se contemplarían también la subida de las pensiones mínimas, la revisión de las pensiones de viudedad, de invalidez, la fiscalidad de las pensiones... ¿Qué se dice en el Pacto de Toledo?
Yo creo que el Pacto de Toledo partía de una premisa clara y es que las reformas deben ser permanentes. Porque este Sistema necesita reformas graduales, no traumáticas, pero constantes. Esa es la razón por la que el Pacto de Toledo se reúne cada 5 años para revisar el Sistema.  Y pretende seguir haciéndolo durante mucho tiempo, si somos capaces de llegar a acuerdos y compromisos.

La demografía, la economía, incluso las relaciones sociales, laborales, familiares, cambian constantemente y, en este país, hemos tenido transformaciones enormes en los últimos pocos años que afectan claramente al Sistema de Pensiones: las familias no tienen la misma composición que hace diez años, y las relaciones que las pensiones tienen con las familias necesariamente han de ser distintas. Ahora,  hay que atender a mujeres separadas, a mujeres divorciadas, a familias monoparentales; ahora, hay que tener pensiones  que cubran viudedades que son diferentes a las que se generaron hace décadas; ahora, la mujer se ha incorporado masivamente al mercado de trabajo y genera sus propios derechos de pensión; ahora, insistimos en que los ciudadanos tengan una mayor educación y una mayor prolongación del periodo de formación... Y eso se  ha de aplicar también a la pensión de orfandad. Es decir, los cambios familiares, sociales son permanentes, y el Sistema de Pensiones tiene que evolucionar con ellos.
La demografía ha sufrido enormes variaciones en este país. La llegada de 6, 7 millones de inmigrantes en un espacio de tiempo extremadamente corto no fue prevista por ninguno de los estudios, ni de los análisis demográficos que se hicieron en los años 95, 97. De repente, nuestra sociedad, que iba a tener 39 millones de ciudadanos, tiene 46.
El Pacto de Toledo pretende que haya reformas siempre para adecuar el Sistema a las nuevas realidades. Por eso se revisa y  va dando lugar a acuerdos sociales y a leyes. Es probable, que la Seguridad Social sea, en este país, el ámbito de ordenamiento jurídico que tiene más reformas y que implica más actualización y más adaptación en forma de nuevas leyes, de nuevos decretos, que desarrollan las orientaciones del Pacto de Toledo.

Pero es importante trasladar a los ciudadanos que el Pacto de Toledo es un acuerdo entre fuerzas políticas parlamentarias solamente, que luego se desarrolla mediante acuerdos sociales con los sindicatos y los empresarios y que, en último lugar, da pie a la presentación de un proyecto de ley que desarrolla esos compromisos. Ese es el mecanismo que estamos utilizando, que ha sido positivo para el Sistema de Pensiones y que pretendemos que siga siéndolo en el futuro.

A veces, los mayores piensan que no están representados en el Pacto de Toledo,  pero, como dije, el Pacto de Toledo es estrictamente un pacto entre grupos parlamentarios. Por lo tanto, ni los sindicatos ni los empresarios están en el Pacto de Toledo. Otra cosa es que cualquier acuerdo, cualquier compromiso del Pacto de Toledo, luego, es desarrollado, mediante el diálogo social. Y ahí es donde sindicatos y empresarios opinan sobre la traslación de esas orientaciones del Pacto de Toledo a compromisos concretos. Y ahí sí es oportuno que las organizaciones de mayores participen y estén presentes. Nosotros nos hemos ocupado muy seriamente de que las organizaciones de mayores, todas las que han querido, hayan venido a hablar al Pacto de Toledo y nos hayan trasladado sus opiniones, sus propuestas, sus documentos... Y los estamos teniendo muy en cuenta.

En el siguiente paso, que es el acuerdo social, los mayores también tendrán que hacerse oír ante los sindicatos y los empresarios. Y cuando el proyecto de ley que elabore el Gobierno para desarrollar esto venga aquí, también serán escuchados. De modo que la participación de los mayores no es, ni mucho menos, una opción, es una exigencia de un Sistema abierto, participativo, democrático, como el que tenemos.


En caso de llevarse a cabo estas reformas de forma inmediata, ¿cómo afectarían a las personas ya jubiladas?
Tengo que transmitir un mensaje de tranquilidad y de estabilidad. No hay riesgo de que los derechos adquiridos sean modificados a la baja por acuerdos del Pacto de Toledo. Modificar el periodo de cálculo no puede afectar a los que ya están jubilados. Afectará a los que tienen una expectativa incluso lejana de jubilación. Las medidas que se tomen serán de aplicación gradual, progresiva. No tienen por qué suponer recortes. Lo que ocurre es que cada vez que se toca el Sistema hay personas que salen beneficiadas y personas que, según ellas, salen perjudicadas. Pero si el Sistema avanza en justicia y equidad, necesariamente habrá que tomar decisiones en ese sentido. No afectan a los jubilados, no afectan a los actuales pensionistas, salvo en aquellos elementos en los que podamos mejorar.

Una de las grandes reivindicaciones, por ejemplo, que tiene el sector de la viudedad es incrementar la base reguladora con la que se calcula su pensión. Y hay diferentes grupos parlamentarios, entre los cuales se encuentra el Grupo Popular, que creemos que se deben mejorar las actuales pensiones de viudedad porque responden a un diseño de viudedad donde la mujer no tenía sus derechos de pensión, donde la pérdida de su cónyuge supone una caída extraordinaria de sus ingresos y de su bienestar y, en muchos casos, sin alternativa ninguna, es decir, con cargas familiares o con ningún otro ingreso suplementario. Hay que mejorar la atención de esas pensiones, y nosotros abogamos porque sea así.

Podemos introducir reformas para la viudedad del futuro, ya que no será igual que la de hace 40 años, pero las actuales viudas responden a una situación que, en muchos casos, roza la pobreza, con problemas muy serios de carácter económico que, además, ni siquiera se ven satisfechos con algunos incrementos de pensiones mínimas que se han producido. Y hay muchísimas mujeres viudas en este país,  más de un millón, que tienen pensiones tan bajas que casi son mínimas, y nunca les llega ninguna mejora. Por tanto, la viudedad, si es reformada, no será para recortar derechos, será para mejorar situaciones.

Y en cuanto a la orfandad, estamos por extender el derecho de orfandad en este país, por mejorar sus prestaciones económicas y por ampliar el periodo de la edad en la que los huérfanos reciben una prestación. Y así sucesivamente.  
Si es posible, mejoraremos a esos jubilados que se expulsaron del mercado de trabajo anticipadamente con 35, con 40 años de cotización, y a quienes por no haber podido llegar a los 65 años, imagínese lo que hubiera pasado si la edad estuviera en 67, han perdido el 8% de su pensión por cada año que  fueron expulsados antes de llegar a los 65. Gente con 40 años de cotización pierde el 40% de su pensión y, sin embargo, gente con 25 años, con 20 años o incluso con 15 años de cotización acaba teniendo una pensión mayor, porque estos sí que han llegado a los 65 años. ¿Cómo se corrige esto? Pues modificando el Sistema de jubilación que tenemos. En este Sistema, el peso del concepto 65 años es lo más importante. Pesa menos la carrera de cotización que uno ha realizado durante su vida que el hecho puntual de jubilarse a los 65. Nosotros creemos que hay que ir hacia  un modelo más abierto de jubilación, en el que se reconozcan mejor  las largas carreras de cotización y que, con largas carreras de cotización, no importe que un ciudadano  pueda o quiera jubilarse un año antes. Después de  40 años de cotización, el Sistema no puede penalizar al ciudadano que ya ha hecho un esfuerzo de cotización muy relevante. Esto no supone mermas de derechos para los actuales pensionistas, todo lo contrario, supondrá mejoras. En eso estamos.

¿Cree que el previsible aumento del número de jubilados en el futuro únicamente afectará al tema de las pensiones? 
Evidentemente, no. El envejecimiento de la población plantea desafíos de enorme magnitud para lo que entendemos por Estado de bienestar en aspectos como la sanidad, la dependencia, los servicios sociales..., la atención a los mayores en su más amplio concepto. El desafío, no el problema, de nuestra población mayor, en número y en esperanza de vida, necesita que el Sistema económico actúe de forma clara y precisa. Además, hay otro aspecto que no se tiene en cuenta pero que es básico: nuestro Sistema económico no está pensado para sacar el máximo partido a las personas mayores, para que éstas trasladen su experiencia, su capacidad y su fuerza durante mucho más tiempo. En España se jubilan de media a los 62 ,63 años. Muchos desearían seguir transmitiendo su experiencia y sus capacidades pero, a lo mejor, no con el mismo contrato, no con la misma jornada, con la misma situación personal y profesional que tienen ahora. Nuestro Sistema económico tiene que evolucionar: dentro de pocos años, no vamos a tener población activa suficiente, no vamos a tener ciudadanos capacitados y con experiencia suficiente porque el peso de los inactivos respecto a los activos se va a duplicar. El porcentaje de la población mayor, no ya de 65 años, sino de 70 , 75, incluso de 80, se va a disparar. Por lo tanto, hay un desafío también en el mercado de trabajo y en las propias empresas y es que sean capaces de gestionar mejor a sus trabajadores mayores, de reciclarlos profesionalmente, de involucrarlos en las nuevas tecnologías. No es cierto que los mayores sean incompatibles con la innovación. Todo lo contrario.

Los que tratamos de seguir el debate sobre la gestión de los recursos humanos en las empresas sabemos que ya hay algunas trabajando en esto y que les preocupa cómo sacar este partido, porque serán más competitivas aquellas empresas que sepan gestionar mejor el proceso de envejecimiento de los propios trabajadores, que ya se está produciendo en este país.

La llamada generación U, de los que no se quieren jubilar (unretired), de los que quieren ser activos, seguir participando, es una generación que exige una máxima atención de todo el Sistema económico en general.
Por tanto, habrá desafíos sanitarios, desafíos en la dependencia, desafíos en esa población mayor de 80 años, que es el segmento de edad que más crece en España. Hablamos de un envejecimiento del envejecimiento.
Esto, en lo que respecta al gasto, pretendidamente por el lado del gasto, pero tenemos que saber que, por el lado de los ingresos, el Sistema económico tiene que conseguir que los ciudadanos aporten más. Mejores pensiones supone también que los pensionistas sean elementos que promuevan el consumo y el desarrollo económico. No podemos ver a los pensionistas como un sector de población que, siendo tan creciente, no va a tener un peso específico en el desarrollo económico de nuestro país. Hay que pensar que las pensiones generan consumo, movimiento económico, viajes, productos, servicios... Y cada vez lo van a hacer en mayor medida. Por tanto, es muy importante que nuestras pensiones no solo sean estables, no solo estén garantizadas, sino que también sean mejores, estén mejor dotadas, sean más capaces de atender todas esas realidades.

¿Qué opina acerca del Estado de bienestar, debe  mantenerse, puede llegar a ser insostenible?
El Estado de bienestar no es algo fosilizado, tiene que estar en permanente evolución. No puede convertir a los ciudadanos en meros receptores de ayudas, subsidios, subvenciones o prestaciones. El Estado de bienestar tiene otra aventura, y para muchos ciudadanos,  es seguir siendo activos, es seguir participando en la sociedad como elementos protagonistas. El Estado de bienestar no es aparcar cómodamente a una parte importante de la población, es pedir responsabilidades, deberes, participación. Es pedir a los ciudadanos que sigan aportando, que no se consideren elementos meramente pasivos. La misma terminología que se usa habitualmente entre activos y pasivos ya coloca a los ciudadanos mayores, poco más o menos, en una situación  marginada del conjunto de la sociedad.
Una parte muy importante de los trabajadores mayores, de los que no se quieren retirar, desean seguir siendo activos en  la misma medida o en una medida que ellos puedan elegir: jubilación a tiempo parcial, contratos que les permitan desarrollar servicios durante unas horas o generar recursos en las profesiones o en los ámbitos en los que han venido trabajando... Existen muchas posibilidades. Es necesario flexibilizar el mercado y permitir que los ciudadanos puedan elegir cómo quieren trabajar. Hay que abrir el sistema, porque podemos convertir los 65, los 62 o los 67 en una barrera infranqueable y podemos condenar con la etiqueta de inactivo por el mero hecho de alcanzar una edad determinada.