Desventajas de solicitar la jubilación anticipada

Que las empresas españolas desprecian la experiencia y capacidad laboral de los maduros es un hecho indiscutible. Cada año, miles de personas, por el mero hecho de tener más de 50 años, pierden su trabajo a través de despidos, expedientes de regulación de empleo o prejubilaciones teóricamente voluntarias.

La mayoría de ellos no volverán a encontrar un empleo y, para seguir comiendo, tendrán que solicitar una jubilación anticipada y, como consecuencia, perderán una buena parte de lo que hubiera sido su pensión si el mercado laboral les hubiera permitido continuar activos hasta los 65 años. Esta situación afecta hoy a cuatro de cada diez nuevos pensionistas.

Durante las dos últimas décadas, más de 1,7 millones de personas se han tenido que acoger a la jubilación anticipada. Todos ellos han visto mermada su pensión, muchos de ellos hasta en un 40%, por la aplicación de coeficientes reductores. Y lo peor es que la penalización se mantendrá durante toda la vida.

Pese a las protestas de los afectados, a través de las organizaciones de mayores, los diferentes gobiernos, sea cual sea su color, no han querido poner fin a la discriminación que sufren cuatro de cada diez jubilados, personas forzadas a la jubilación anticipada y en su mayoría con largas carreras de cotización en el Régimen General de la Seguridad Social.

El sistema público de pensiones no solo no está en peligro, sino que tiene una salud excelente. Desde hace once años, sus ingresos superan ampliamente los gastos destinados al pago de las pensiones. Es más, en tiempos de crisis sigue habiendo superávit y se sigue engrosando el Fondo de Reserva destinado a asegurar los pagos en momentos delicados. Si ese dinero es de todos los cotizantes, ¿por qué no utilizar una parte para solucionar una clara injusticia que se comete con los jubilados anticipados?