Dudas sobre la Ley de Dependencia

Afectada ya por recortes derivados de la situación económica que atravesamos, la Ley de Dependencia ha cumplido tres años y, como un niño de esa edad, en algunas comunidades autónomas corre y en otras camina con dificultades.

El objetivo de la norma es que todos los ciudadanos con dificultades para realizar las actividades básicas o instrumentales de la vida diaria tengan los mismos derechos con independencia de donde residan. Pero la realidad no es así. En algunas regiones, antes y después de que estallara la crisis económica, faltan recursos para atender como se debe las situaciones de dependencia.

Son muchas las voces que reclaman un cambio en la financiación global de la Ley de Dependencia, con una cotización extra para que sea sostenible. Y otros piden que el dinero que reparte el Gobierno se conceda siguiendo los criterios de personas atendidas y del coste del servicio que reciben, porque no es lo mismo el gasto en una residencia que la atención en el propio domicilio.

Quizás por razón de precio, y aunque la Ley recomendaba taxativamente la concesión de servicios (residencias, centros de día, ayuda profesionalizada), es tan frecuente la concesión de la prestación económica para el cuidado familiar.

No obstante, también es cierto que ha de contar prioritariamente con las decisiones de los propios dependientes. En una inmensa mayoría, los mayores aquejados de algún grado de dependencia quieren ser cuidados en casa y por las familias. Forma parte de nuestra cultura, pero, seguramente, esta percepción de que mejor en el domicilio que en la residencia va a ir cambiando con el tiempo. Los centros de día y los centros residenciales, que tan mala prensa siguen teniendo en la sociedad, constituyen la fórmula más idónea para la atención de las grandes dependencias, capaces de prestar un servicio imposible de recibir en casa y por muy voluntariosa que sea la familia.